Profesionales de las subvenciones

Tomás López · Almería

290317

Perplejos nos hemos quedado, leyendo la noticia que, ayer, relataba que una familia ha presentado denuncia contra la consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, por no haberse quedado con sus cuatro hijos.

La familia en cuestión, con un largo historial de atenciones en Servicios Sociales, solicita a la Junta de Andalucía sendas indemnizaciones por  un valor total de 85.000 euros, por el hecho de que no se quedó con sus cuatro hijos cuando se le fue requerido.

Ignoramos el por qué Asuntos Sociales había declinado inicialmente el hacerse cargo de los cuatro hijos de esta familia, por lo cual lo prudente será no pronunciarnos al respecto. Sin embargo, también será bueno respetar el criterio de la institución, hasta que se demuestre que ha caído en alguna ilegalidad.

Ahora bien, lo que sí nos parece un buen reflejo de en lo que se ha convertido esta sociedad, en general y en particular la española, es la idea de pedir 85.000 euros al erario público en compensación porque la ‘cosa común’ no se haya hecho cargo de unos niños a los que sin duda hay que proteger y cuidar, pero que en primer lugar son responsabilidad de sus padres que, curiosamente, son los que reclaman la indemnización.

Así es como se funciona ahora: los españolitos de a pie no sólo no nos sentimos responsables de las obligaciones que contraemos, sino que además reclamamos como obligatorio que sean otros los que corran con las consecuencias y, en caso contrario, pedimos absolutos disparates en compensación económica.

Parafraseando a aquella célebre ministra de hace algunos años, se ve que “el dinero publico no es de nadie” y, por tanto, qué más da el pedir al Estado todo el dinero que nos apetezca.

Es una creencia comúnmente extendida el que el Estado no tiene fin, que se le puede pedir todo lo que se quiera, que no hay problema en esquilmarlo cada vez que se pueda, que ya se recuperará él como pueda, principalmente friendo a impuestos a quienes trabajan, producen y crean puestos de trabajo.

Se termina uno por preguntar qué pasará cuando esos que producen se cansen de pagar desorbitados impuestos para que otros reclamen los euros de 85.000 en 85.000, por estar en su casa rascándose la barriga.

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