Políticos acusando a políticos

Álvaro Fuentes Soler · Almería

 200114

El tema de los partidos políticos y sus representantes acusando de ilegalidades a la formación contraria es viejo como la propia política. Aún así, este tipo de comportamiento se ha recrudecido en los últimos tiempos, alcanzando cotas hasta ahora inéditas. A los políticos, hoy día, les hace falta muy pocas pruebas para denunciar ilegalidades del contrario. Es como si los juzgados, saturados como sabemos que están, se hubieran convertido en el foro donde dirimir cualquier sospecha, por liviana que ésta sea, con tal de tener algún argumento con el que desprestigiar al rival.

Hacen bien los políticos y los partidos que, teniendo pruebas sólidas de un comportamiento irregular o ilegal, se planten ante los jueces para ponerlo en su conocimiento e iniciar los trámites para que sea juzgado y, en caso de considerarse demostrado, condenado.

Sin embargo, hay dos aspectos que hacen sospechar un poco de estos modos de proceder. El primero son la cantidad de casos que se quedan por el camino, que no terminan yendo a ningún sitio y se paran simplemente en un buen titular de periódico que sirve para desgastar un poco la imagen del rival, en un alarde de aquello también tan viejo del ‘calumnia, que algo queda’. El segundo es que produce cierto ‘chirrío’ el hecho de que este tipo de denuncias van siempre acompañadas de nota de prensa, en la mayoría de los casos, dando por hecho que la denuncia tiene base y que habrá condena. Si realmente se trata de un tema legal, ¿no sería más lógico esperar a que hable la justicia para hacer público el contenido? ¿O será que se busca más el efecto mediático que el contenido legal en sí mismo?

En estos días, el PSOE ha recurrido el caso del Auditorio de Roquetas de Mar, y como en otras ocasiones lo han hecho también PP, Izquierda Unida y sobre todo UPyD, que ha adoptado este comportamiento clásico con más fuerza que ningún otro, ha acompañado su denuncia con nota de prensa. No sabemos, lógicamente, si la denuncia terminará en archivo o en condena, pero se trata de una denuncia sobre una denuncia ya archivada y que vuelve a intentar socavar la imagen de Gabriel Amat. Seguramente Amat habrá hecho cosas muy mal hechas en su larga trayectoria política y es posible que incluso haya cometido alguna ilegalidad, aunque de momento no haya constancia de ello. Pero parece sano, políticamente hablando, primero presentar pruebas tangibles antes de acusar; segundo, esperar a que hable la justicia antes de poner bajo sospecha a un representante público o a cualquier persona (en esto, poner bajo sospecha a Amat parece haberse convertido en deporte nacional); y, tercero, respetar un poco más las decisiones judiciales, puesto que aunque es una decisión recurrible, tampoco estaría de más que, si se va a intentar enmendar la plana al juzgado de turno (que, efectivamente, a veces se equivocan y mucho), se haga con pruebas poderosas. Y ojo, si el PSOE las ha presentado y al final el caso va hacia adelante, un aplauso para ellos. Pero, de momento, el tema tiene cierto tufillo a pelea política. Una pelea política que, como todas, harían bien los propios representantes institucionales, unos y otros, en dejar al margen de la justicia.

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