Pobreza energética

Álvaro Fuentes Soler · Almería

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Está de moda el término ‘pobreza energética’: una moda que camina con paso firme entre los titulares de los periódicos y los discursos del más añejo populismo y la más retestinada demagogia, hasta ponernos a todos empercudidos de lodo.

Ayer, los portavoces de Izquierda Unida en El Ejido, Ángeles Fernández y Juan Antonio López Escobar, reclamaron que se incluya en los presupuestos del Ayuntamiento una partida o fondo destinado a garantizar la lucha contra la pobreza energética.

Con el paso de los años, mal que les pese a los populistas, aunque nos quieran hacer lo blanco negro, el estado del bienestar va ganando terreno y cubriendo más y más aspecto.

Hoy en día, es evidente que, más allá de la vivienda y el alimento, hay otros derechos que son absolutamente irrenunciables, como la sanidad o la educación.

Y más allá de todo ello, el suministro de energía eléctrica también se ha convertido en algo básico para vivir más o menos dignamente en esta sociedad.

Sin embargo, ni la vivienda ni tampoco la electricidad están garantizados en esta sociedad, en ningún país, como sí lo están, en algunos como éste, la sanidad o la educación.

Parece más que razonable que trabajemos para garantizarle una vivienda a todo ciudadano y, una vez conseguido, para complementar tal logro con la garantía del suministro eléctrico.

Hasta ahí, todo bien.

El problema es que muchos equivocan el actor de ese derecho, porque si alguien debe garantizarlo ha de ser el Estado y nunca las empresas que viven de la comercialización de la energía o que ganan concursos para garantizar el suministro.

La empresa es una de las bases de nuestra sociedad, la que sostiene la mayoría, por no decir toda la creación de riqueza, dinero y valor, la que proporciona el empleo privado directo o los fondos (vía impuestos) para mantener el empleo público.

Atacar a la empresa es atacar a la ciudadanía, al sistema y a la sociedad. Y la empresa no puede aplicar discriminaciones a la hora de generar sus beneficios; dicho de otro modo: la empresa no puede dejar de cobrar por sus servicios o productos.

En todo caso, ha de ser el Estado, es decir todos, el que ha de garantizar determinados derechos básicos al ciudadano, por la vía de las subvenciones o de los pagos a los suministradores para cubrir derechos básicos de quienes lo necesiten.

De lo contrario, las empresas dejarán de ver interesante la prestación de esos servicios y nos encontraremos con la sorpresa de que el dinero no cae del cielo.

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