Otro año de veto ruso

José María Sánchez Cañabate · Almería

 270615

Efectivamente, ya ha pasado el plazo que se había dado Rusia como implantación de un veto a los productos comunitarios, entre ellos los españoles, entre ellos a su vez las hortalizas almerienses, como represalia a las medidas de la propia Unión Europea contra dicho país debido al conflicto con Ucrania.

Ha pasado el plazo y las autoridades europeas y españolas no han conseguido absolutamente nada. Dicho de otro modo: el conflicto sigue adelante, los productores que vendían a Rusia, es decir, en el campo almeriense, prácticamente todos, siguen arrastrando un gravísimo perjuicio que, en ocasiones, significa la diferencia entre ganar y perder dinero con su trabajo; y aquí no pasa nada.

Es más, el amigo Putin, presidente ruso él, ha anunciado medio año más de veto, mientras los representantes institucionales españoles y europeos se fuman un puro. Ah, por cierto: la Junta de Andalucía anunciaba ayer una ayuda para paliar los efectos de este veto entre los productores que exportaban a Rusia. Queda por saber qué pasará con las empresas comercializadoras, que han perdido millones de euros por una ‘guerra’ que no era la suya, pero cuyas consecuencias pagan a precio de oro.

Es un ejemplo más de que el tiempo discurre de una manera muy diferente para el ámbito político y la empresa privada. En la empresa, cada minuto vale su peso en oro, cada segundo que se pierde son ganancias y pérdidas, números negros o rojos que se suman a la cuenta de resultados. En política, los días pasan y los meses también, mientras se forman primero y se reúnen después comisiones de subcomisiones, intentando siquiera ponerse de acuerdo en la fecha para el encuentro o el lugar donde celebrarlo.

Es así, nos guste o no. La velocidad de la burocracia en general y de la política en particular está a años luz de ese mundo, de esa sociedad que se supone que tiene que gestionar, gobernar o administrar. Y no cambia la cosa.

La Junta de Andalucía ha decidido ahora ayudar a parte del sector por este grave problema. Es de suponer que por el camino se han quedado explotaciones sin cultivar, empresas cerradas y proyectos truncados. Pero aun así hay que agradecérselo. Pero mientras, las administraciones central y autonómica, ¿qué han hecho? ¿Qué iniciativas han puesto en marcha para intentar arreglar a un problema que afecta a millones de ciudadanos, de empresas, de trabajadores, en muchos puntos del continente y especialmente en Almería?

Está claro que desde Bruselas o Madrid, el conflicto se ve lejano y de una dimensión muy diferente a la que pueden tener nuestros agricultores en sus invernaderos. Y ahí es donde está el problema: en la diferencia entre el prisma con el que ven los mismos hechos los ciudadanos y sus representantes institucionales.

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