La muerte de Rita, un paso más en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia

Tomás López · Almería

241116

Somos tan tarugos, tan paletos y tan bocazas que ni tan siquiera sabemos que la presunción de inocencia es un derecho en este país. Todos tenemos derecho a que se respete nuestra inocencia hasta que no se demuestre nuestra culpabilidad. Siempre, salvo en una pequeña excpeción, absolutamente ilegítima y amoral como es la presunción de culpabilidad que pesa sobre los hombres cuando reciben una denuncia por violencia de género; pero ésa es harina de otro costal.

Los españoles hemos dado, ayer, un paso más, y más grave, en la constante vulneración  del derecho a la presunción de inocencia. Hasta ahora, habíamos vivido muchos casos de personas obligadas a dejar sus cargos, a abandonar sus carreras, políticas o empresariales, y a caminar por la vida con la mancha y la sospecha en sus currículos y en sus imágenes públicas.

Pero ahora ya hemos llegado a contabilizar una vida; una muerte. Rita Barberá murió ayer y se ha convertido en la primera política española que muere habiendo sido declarada culpable (socialmente) sin haber tenido la oportunidad de ser juzgada.

Ya no lo será; ya no pasará por un tribunal; ya no podrá defenderse ni exponer sus argumentos. Rita Barberá está muerta y la sociedad española le ha negado el derecho a defenderse, el tiempo al que tenía derecho, ése que va desde una investigación o imputación hasta el momento del veredicto del juez.

España, los medios de comunicación, los políticos contrarios, los tertulianos de la barra del bar, tú y yo, nosotros, hemos condenado a Rita Barberá. El juez no lo había hecho, pero ella ya será culpable para siempre.

Es repugnante, vomitivo y recalcitrante escuchar aún a algunos periodistas (que avergüenzan al término) y a políticos de otros partidos insistir en la culpabilidad de Rita Barberá, aún después de muerta. Y ello a pesar de que no tienen ninguna prueba, de que no se ha completado la investigación judicial, de que no la han escuchado defenderse, simplemente porque no había llegado el momento de su juicio.

Hoy en día, en España, vulnerar cualquier derecho está castigado. Todos, menos el de la presunción de inocencia. Hoy en día sale gratis acusar y condenar a otra persona, especialmente si se dedica a la política, de lo que sea. Nada ni nadie actúa contra los que difaman, contra los que acusan sin pruebas y condenan sin juicio.

Urge que esto cambie en España. Ya hemos llegado al límite de que todo esto se haya llevado una vida por delante. Hasta ahora veíamos cadáveres políticos, en el ámbito nacional como Pepiño Blanco o Francisco Camps, o en el ámbito local, como Paqui Pérez Laborda (que por fortuna no llegó a retirarse) o Martín Soler. Todos ellos, bajo criterio del juez, inocentes, pero mucho antes condenados socialmente y obligados a echar el cierre a sus carreras políticas y a caminar con la cabeza gacha ante los comentarios de los bocazas de turno.

Ahora ya hay, además, un muerto. Y no pararán.

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