Jonathan Moya, el pederasta y el sistema judicial

José María Sánchez Cañabate · Almería

 290914

En la semana en la que los informativos de radio y televisión y las portadas de los periódicos de información general y nacional prácticamente copados por todo tipo de informaciones acerca del denominado presunto pederasta de Ciudad Lineal, apresado en Santander y convertido de la noche a la mañana en persona público, este fin de semana hemos podido leer en varios medios una información difundida por la Agencia Europa Press, en la que se asegura que el almeriense Jonathan Moya, presunto autor del rapto y muerte de un bebé de 16 años, era plenamente consciente de lo que hacía cuando llevó a cabo, repetimos presuntamente, estos terribles hechos.

Consciente o no, alteradas o no sus facultades mentales, que según los expertos y peritos no fue así, lo que está claro es que Jonathan Moya era una persona conflictiva, peligrosa, que arrastraba una serie de robos, delitos contra el patrimonio, usurpación de identidad de un cargo público o falsedad documental, lo cual le había ocasionado diversas entradas en prisión.

El caso no tiene nada que ver, pero presenta algunas coincidencias en este sentido con el del presunto pederasta de Ciudad Lineal, otro señor que ya había sido condenado precisamente por el mismo delito por el que ha sido detenido ahora y que también, como Jonathan, no tuvo muchos problemas para salir de prisión y quedar en libertad.

El primero, Jonathan, si se confirma todo, pudo haber terminado quebrando la vida de un bebé de 16 meses; el segundo, si se hacen efectivas las pruebas que hay contra él, ha podido violar y secuestrar a varias menores.

El debate está muy claro: ¿estaban estos señores en condiciones de disfrutar su libertad cuando fueron excarcelados en su momento? Al margen de asegurar la presunción de inocencia, ¿está el sistema judicial suficiente blindado y pertrechado para garantizar la seguridad de quienes no delinquen? ¿Se pueden evitar situaciones como las que, presuntamente, protagonizan tanto Jonathan Moya como Antonio Ortiz, el presunto violador de Ciudad Lineal? ¿Puede la ciencia mejorar la seguridad de las decisiones judiciales para evitar este tipo de casos? ¿Puede hacerse algún tipo de reforma judicial que aumente la seguridad de que delincuentes que no están suficientemente rehabilitados terminen saliendo a la calle cuando aún son un peligro para la seguridad pública?

Sinceramente, este tipo de preguntas llevan mucho tiempo en el aire; demasiado.

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