El párroco de Fines y las normas de la Iglesia

José María Sánchez Cañabate  · Almería

 310314

Ayer domingo, nos desayunábamos nuestro dominical chocolate con porras leyendo, en La Voz, la noticia de que el párroco de Fines se negaba a presentar a la primera comunión a dos hermanas, una de ocho y otra de diez años. Para no enredarnos mucho en la noticia en sí, resumiremos diciendo que el argumento del párroco es que la menor de ellas no ha cumplido los tres años de preparación que se exigen en esa parroquia, mientras que la familia, indignada, se queja de que en otras sí se permite hacer la comunión a hermanos con esta diferencia de edad.

Tenemos nuestra propia opinión sobre ésta y sobre otras normas de la Iglesia, al igual que acerca de que exista esa disparidad entre unas diócesis y otras. Pero en este tipo de temas, relacionados con la ‘Santa Madre’, nuestra posición principal es que, dado que se trata de una institución privada, a la que nadie se obliga a formar parte, que tiene sus propias normas que llevan unos veinte siglos de antigüedad y que tiene todo el derecho del mundo a establecerlas, siempre y cuando no contravengan a la legislación civil de cada estado y a las normas del derecho internacional. Otra cosa diferente, obviamente, es si algún ‘dirigente’ de la Iglesia, en este caso un párroco, no está cumpliendo con esas normativas, aunque parece lógico pensar que, si es así, estas denuncias se diriman en el seno de la propia institución y no en la prensa, si es que el objetivo es realmente arreglar el tema.

Creemos, por tanto, que el problema que existe en torno a las polémicas con las normativas de la Iglesia es que se miden como si fueran derecho, como si fueran reglas de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, cuando cada cual es libre de someterse o no a ellas.

Quizás la demostración más clara la tengamos con el matrimonio homosexual, aprobado y legal en muchos países, recientemente en la cristiana y tradicional Gran Bretaña, y sin embargo prácticamente imposible en el seno de la Iglesia. Nadie puede discriminar a los homosexuales civilmente en cuanto a sus deseos de contraer matrimonio, pero en cambio, la Iglesia tiene todo el derecho a no acogerlos. Posiblemente medidas como éstas alejan a la Iglesia de la sociedad, pero ésa es una decisión que tiene todo el derecho a adoptar.

Un caso parecido podría ser el del ordenamiento de sacerdotes del género femenino: podemos pensar, y pensamos, que no existe ninguna razón seria ni lógica para que se prive a la mujer de tal sacramento, pero también es cierto que las normas de la Iglesia no tienen por qué regirse ni por la lógica ni por la razón, sino que son simplemente las normas que se han dado los católicos, por los procedimientos que ellos mismos han establecido.

Así pues, como conclusión, sería interesante que quienes no estén de acuerdo con las normativas de la Iglesia, simplemente se dedicaran a intentar cambiarlas de forma interna, si es que es posible, o a abandonar esta organización, en lugar de a proclamar que ésta debería regirse por las normas que a ellos mejor les parece. Y si lo que ocurre es que hay quienes, internamente, no respetan esas normas, que sean denunciados ante quienes tienen la capacidad de hacerlas cumplir.

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