Derribo de casas ¿ilegales? o la “vergüenza del Estado”

Álvaro Fuentes Soler · Almería

 191114

Así lo definen los ingleses que han sido víctima de este atropello de la administración española: ellos compraron sus casas en situación absolutamente legal y sólo la inoperancia y la ineficacia del propio Estado permitió que en su día adquiriesen sus viviendas en esas condiciones y ahora ha propiciado que se las tiren abajo.

Al final paga el ciudadano, sea inglés, español o tailandés, el único que no tiene la culpa, pero al mismo tiempo el que ve cómo sus viviendas, sus hogares, quedan reducidas a escombros porque lo dice no se sabe muy bien quién, puesto que los partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, han expresado al unísono su disconformidad.

“Compramos las viviendas de buena fe y aún no hemos recibido indemnización”, dicen quienes, además, tildan el caso como “vergüenza para el Estado español”. Y no es para menos. Un Estado sólo lo es si se basa en un principio inquebrantable: el de la seguridad jurídica, ésa a la que se ataca hoy en día desde todos los flancos, desde todas las posturas.

El tragicómico grito de “exprópiese” parece no estar muy lejos de hacerse vigente en España, a la moda del funesto Chávez venezolano y su acólito Maduro. Hoy parece como si todo el mundo hubiera perdido la fe en la seguridad jurídica, como si a todos nos pareciera idóneo que el que tenga dos casas, fruto de su esfuerzo de toda la vida, tenga que perder una por el mero hecho de que hay quien no tiene ninguna. ¿Es eso justicia? ¿Es eso justo? ¿No hay más soluciones?

Ante la crisis, surgen las voces oportunistas que proclaman la igualdad como paradigma universal y la propiedad privada como el gran mal a combatir. Sin embargo, no he visto todavía a nadie de los que atacan a la propiedad privada prescindir de ella. Veo al nuevo gurú de masas, al que ha tomado el testigo de Belén Esteban como admirado de la masa, proclamar las maldades de la propiedad privada mientras sostiene un teléfono de 600 pavos, vestir buenas camisas de marca y comprar billetes de avión de altos precios. ¿Es un delito? En absoluto. ¿Está en su derecho? Por supuesto. Lo único que le falta es coherencia.

Como les falta coherencia a los que tampoco respetan la propiedad privada ordenando el derribo de los hogares que albergaban a familias que no han cometido ningún delito y que adquirieron sus viviendas conforme a ley.

Llevan razón: este país es una vergüenza, porque no se protege la propiedad legítimamente adquirida y porque, además, no se respeta el principio fundamental de la seguridad jurídica, que nos protege contra variaciones de la ley. Lo que es legal hoy, debe serlo mañana, aunque deje de serlo a partir de ese momento; y lo que es propio hoy, debe seguir siéndolo mañana. Lo contrario es la selva, ésa que tanto gusta a algunos; o quizás a muchos.

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